SHEINBAUM FRENA PROGRAMA DE LOS “AUTOS CHOCOLATE”: CIERRA LA LLAVE A LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS IMPORTADOS

Ciudad de México.-

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un giro de timón a la política de regularización de vehículos usados importados de Estados Unidos y Canadá, al poner fin de manera definitiva al programa que desde 2022 facilitaba la legalización de estos automóviles, conocidos popularmente como “autos chocolate”.

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Presidencia de la República abrogó el Acuerdo que instruía diversas acciones en materia de importación definitiva de vehículos usados, así como la reforma que había extendido el plazo de importación hasta diciembre de 2026. Con ello, queda cancelado el esquema que permitía la regularización simplificada de autos importados irregularmente.

El decreto entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y marca el cierre definitivo de un programa iniciado en 2022 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde su puesta en marcha, este beneficio permitió que más de 2.5 millones de vehículos fueran regularizados, principalmente en estados fronterizos y del norte del país como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, entre otros.

La medida, que había sido criticada por sectores de la industria automotriz por considerarla una “competencia desleal” frente a los autos nuevos, generó reclamos constantes de agrupaciones como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que argumentaban que el programa fomentaba prácticas de contrabando y afectaba las ventas del mercado formal.

Contrario a ello, los importadores de vehículos usados y propietarios beneficiados por el decreto manifestaron su descontento, pues gozaban de ventajas como placas gratuitas y costos bajos de importación durante la vigencia del programa.

A partir de ahora, la importación de autos usados deberá realizarse conforme a las reglas normales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que establecen límites de antigüedad y condiciones físico-mecánicas para poder circular legalmente en el país.

La decisión de dar por concluido este esquema marca un nuevo rumbo en la política automotriz mexicana, en el que el gobierno busca fortalecer el mercado interno y regularizar el parque vehicular bajo criterios más estrictos de legalidad y competitividad.