DETECTAN GRAVES OMISIONES EN TIENDA WALDO’S SINIESTRADA; EL CASO SEGUIRÁ VÍAS PENAL Y CIVIL, ADVIERTE LA BARRA SONORENSE DE ABOGADOS

Hermosillo, Sonora.-

El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila, afirmó que existieron “graves omisiones” en la operación y condiciones de seguridad de la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, donde una explosión el pasado 1 de noviembre dejó decenas de víctimas.

En entrevista, Ávila señaló que las investigaciones avanzan en dos rutas paralelas: penal y civil, además de posibles responsabilidades administrativas por parte de las autoridades que autorizaron o supervisaron el funcionamiento del inmueble.

“De acuerdo con reportes preliminares, faltaban elementos esenciales del programa interno de protección civil: salidas y rutas de evacuación adecuadas, extintores funcionales y señalización visible. Pareciera que se dieron todas las condiciones para que sucediera la tragedia”, sostuvo el abogado.

Responsabilidades penales y civiles

En el ámbito penal, explicó que la Fiscalía de Sonora integra entrevistas y actos de investigación para judicializar la carpeta y determinar si existen delitos culposos vinculados con la falta de mantenimiento, seguridad y cumplimiento normativo de las instalaciones.

“La carpeta deberá ubicar conductas y responsabilidades específicas y luego judicializarse ante el juez competente”, indicó.

En la vía civil, precisó que la empresa podría enfrentar reclamaciones por tres tipos de daños:

Material o patrimonial, por gastos funerarios, médicos y pérdidas.

Moral, por la afectación emocional a familiares y lesionados.

Punitivo, como sanción económica ejemplar para prevenir la repetición de conductas similares.

Ávila recordó que en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una sentencia de 30 millones de pesos por daño moral contra una cadena hotelera, lo que demuestra el alcance económico potencial de los fallos en este tipo de casos.

Procesos largos, justicia necesaria

El abogado advirtió que los tiempos procesales podrían ser prolongados, ya que en materia civil aún se aplica en Sonora un código procesal de 1949, mientras se implementa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo federal vence en abril de 2027. En contraste, el sistema penal acusatorio, vigente desde 2015, permite procedimientos más ágiles.

Finalmente, Ávila subrayó que este caso no solo exige justicia, sino también un replanteamiento profundo de las políticas de prevención y supervisión en materia de protección civil.

“Las omisiones cuestan vidas, y cada vida perdida exige verdad, justicia y responsabilidad”, concluyó.