Han pasado 55 años del miércoles 2 de octubre de 1968, cuando una multitud de estudiantes que realizaban un mitin político estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue atacada y dispersada por las balas del Batallón Olimpia del Gobierno Mexicano. Este hecho fue parteaguas para la transición democrática en México.

Se calcula que ese día más de 300 personas fueron asesinadas. Esta “fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México (encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, en la presidencia de la República, y Luis Echeverría Álvarez, en la Secretaría de Gobernación) en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos”, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el análisis Matanza de Tlatelolco.

Para el sacerdote Fernández Dávalos, la represión del 2 de octubre “fue el disparador para que muchos movimientos políticos y político-militares irrumpieran en el panorama nacional. Fue la constatación de que las disidencias de carácter político no eran toleradas por el Estado autoritario de ese momento y que no había espacios para expresar pacíficamente las demandas y reivindicaciones de los sectores subalternos de los grupos campesinos, obreros de los estudiantes, etcétera, porque eran reprimidos por un Estado autoritario, vigente en ese momento”.

Por su parte, el doctor Carlos Alonso Pérez Ricart indica que el movimiento de 1968 fue el inicio del proceso de democratización de este país. “La transición política comienza el 2 de octubre de 1968”. Ese año, señala, fue el origen de las reformas políticas, de un nuevo movimiento social. “Su importancia es definitiva, enorme fundamental para la profundización de la democracia en este país”.

Esclarecer el crimen

Para terminar con la impunidad, ahora existe un nuevo esfuerzo para esclarecer éste y todos los crímenes de la llamada Guerra Sucia: la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. Fernández Dávalos –integrante de dicha Comisión– indica que se sabe, “por múltiples testimonios, que los detenidos de la represión del 2 de octubre fueron dirigidos y recluidos algunos días en el Campo Militar número 1, lo mismo que ocurrió después de la represión del 10 de junio de 1971” (conocida como el halconazo o jueves de corpus).

El sacerdote jesuita fue una de las 61 personas que ingresaron el pasado 23 de septiembre a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para “identificar espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos”. Ahí, “se identificaron indicios y probables sitios en que pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos” en las décadas de 1960 a 1990.

Al respecto, señala en entrevista que “el campo militar fue sede de muchas irregularidades. Una de ellas, las oficinas de la Brigada Blanca, que era anticonstitucional. También (fue) centro de reclusión clandestina en la prisión militar y en otras instalaciones del Campo para disidentes de carácter político”.

Acerca de los resultados de esa visita, indica que hay indicios sobre las violaciones a derechos humanos: “fueron espacios de reclusión irregular; en lugar de ser consignados a las autoridades, (los detenidos) fueron fichados, algunos de ellos consignados, golpeados, también con colaboración o anuencia del Ejército de aquel momento”.

Sobre este tema, el doctor Carlos Alonso Pérez Ricart –también integrante de la Comisión de la Verdad– indica que como primeros hallazgos se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en dicho Campo Militar número 1. “Quienes participaron en este ejercicio de reconocimiento lograron identificar lozas, marcos de ventanas, y espacios en los que fueron recluidos clandestinamente. Dicha información, aun no es pública, pues se encuentra en proceso de análisis”.

Reconocido como un hecho inédito, esta visita se suma a los reconocimientos en instalaciones castrenses en Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua. Pérez Ricart, profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que pese a estos avances también hay bloqueos. “Tenemos un montón de resistencias. Las políticas están ahí. México vive un momento clave en su relación cívico-militar, como se fundamentará hacia el futuro, en ese marco es que estamos intentando hacer nuestro trabajo, pero evidentemente no se puede disociar de la realidad política actual y la de ese momento”.

Añade que “hay resistencias, tanto en organismos civiles como militares. Hay que irlos sorteando, ir navegando y encontrando aliados, porque así como hay enemigos en todas las instituciones de este país, hay aliados, hay amistades, hay gente de buena voluntad que nos ayuda a conseguir nuestros fines, en donde menos lo espera uno, dentro del mismo Estado”.