SONORA DESTRUYE MÁS DE 900 ARMAS DECOMISADAS AL CRIMEN PARA REFORZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD

Hermosillo, Sonora.-

En un acto simbólico y de alto impacto para la seguridad pública, el Gobierno de Sonora destruyó más de 900 armas de fuego aseguradas en operativos contra la delincuencia, como parte de la estrategia integral de seguridad encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La ceremonia, realizada en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, incluyó la inutilización definitiva de 368 armas cortas, 551 armas largas, 3 mil 373 cargadores y 410 mil 462 cartuchos de diversos calibres, todos decomisados durante acciones conjuntas de las corporaciones de seguridad.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que la construcción de un estado más seguro no solo depende del combate directo a la delincuencia, sino también de acciones preventivas que impidan que las armas ilegales vuelvan a las calles.

“Cada arma ilegal que sale de circulación reduce la probabilidad de que ocurra un homicidio, un robo, una extorsión o una tragedia familiar. Este tendido de armas representa un riesgo para la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses”, expresó Durazo Montaño.

El gobernador reconoció el trabajo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y municipales, así como las instituciones de procuración y administración de justicia, al señalar que la colaboración entre las distintas dependencias fortalece la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.

Asimismo, recordó que hace un año fueron destruidas 586 armas decomisadas al crimen organizado, entre ellas 331 armas largas y 255 armas cortas, además de miles de cargadores y cartuchos, como parte del esfuerzo permanente para retirar armamento ilegal de circulación.

Con esta nueva destrucción de armamento, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad, prevenir hechos violentos y reducir los riesgos para las familias sonorenses mediante acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.