El Senado de la República aprobó por unanimidad una histórica reforma que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en México, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con 128 votos a favor y ninguno en contra, los senadores avalaron la modificación del artículo 2º Constitucional.
Esta reforma permitirá a los pueblos y comunidades indígenas decidir sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, conforme a sus sistemas normativos y en armonía con la Constitución. Además, se les otorga el derecho de aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos para regular y solucionar conflictos internos, siempre bajo los principios de la Constitución y respetando los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres.
La jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, de acuerdo con sus sistemas normativos y dentro del marco del orden jurídico vigente. Asimismo, se busca proteger y desarrollar su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, reconociendo la propiedad intelectual colectiva sobre estos elementos.
Otro punto relevante de la reforma es la promoción, preservación y difusión de las lenguas indígenas, reconociéndolas como parte fundamental de la diversidad cultural de la nación. También se incentivará la participación de estos pueblos en la construcción de modelos educativos que reflejen la pluriculturalidad de México, basándose en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma será enviada a los congresos estatales. Si al menos 17 de ellos aprueban la iniciativa, será remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su eventual promulgación.
Esta decisión marca un avance significativo en el reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, fortaleciendo su autonomía y su papel dentro de la nación mexicana.
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