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PROPONEN 15 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN MUTILE LIBROS DE TEXTO


Esta propuesta busca modificar el Artículo 363 del Código Penal local y establece que esta pena se incrementará en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer estas conductas que calificó como un "sabotaje a la educación".


La diputada local de Morena, Guadalupe Morales, propuso sancionar con hasta 15 años de prisión a quien mutile o rompa libros de texto gratuito.


Esta propuesta busca modificar el Artículo 363 del Código Penal local y establece que esta pena se incrementará en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer estas conductas que calificó como un "sabotaje a la educación".


La iniciativa refiere que diferentes actores políticos se han dedicado a emitir declaraciones falsas e irresponsables sobre los nuevos libros de texto, hasta llegar al extremo de incitar a la destrucción y mutilación de los libros, lo que constituye, dijo, un sabotaje contra la educación porque son elementos indispensables en la labor de maestras y maestros.


En este sentido, destacó que los libros de texto gratuito se han elaborado en estricto apego a estándares internacionales, con base en procesos con certificado ISO 9001-2015, por lo que consideró absurdo pensar que en la administración anterior se realizaban libros de buena calidad y actualmente no.


Detalló que si bien el Código Penal local ya contempla el delito de sabotaje e incluye ya el atentado contra elementos fundamentales de instituciones de docencia e investigación como una de las causales, no especifica cuáles son esos elementos y no contempla la mutilación, que no necesariamente es un daño, lo que excluiría a los libros de texto gratuito que son elementos esenciales que "pueden ser mutilados con lo que, independientemente del daño que representa, se impediría su adecuado funcionamiento como instrumento fundamental de apoyo a la tarea docente".


La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.


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