
Hermosillo, Sonora.-
Ante las recientes denuncias de extorsión sufridas por adultos mayores en Puerto Lobos, el senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, ha llamado a una urgente intervención para proteger a los beneficiarios del programa de pensión Bienestar. La denuncia, que circuló en redes sociales, revela un preocupante caso de abuso en el Banco de Bienestar de San Ignacio Río Muerto.
De acuerdo con testimonios difundidos por varios medios del sur de Sonora, adultos mayores fueron engañados por un individuo que se hizo pasar por servidor público federal. Este sujeto les prometió despensas por un año y, en su lugar, los trasladó en su vehículo desde San Ignacio Río Muerto a una tienda-banco en Ciudad Obregón. En ese lugar, los ancianos fueron forzados a solicitar préstamos que oscilaban entre 40 y 50 mil pesos, para luego desaparecer con el dinero obtenido mediante estos préstamos.
Manlio Fabio Beltrones ha manifestado su preocupación por la seguridad y el bienestar de estos grupos vulnerables. “Es imperativo agilizar los procedimientos legales para castigar ejemplarmente a quienes se aprovechan de personas vulnerables”, afirmó el senador.
“Estamos obligados a garantizar la protección legal de nuestros abuelitos de San Ignacio Río Muerto, quienes fueron víctimas de engaño, fraude y robo. Desde el Senado, podemos implementar mecanismos de atención y protección para evitar estos abusos”.
El senador también ha subrayado la necesidad de que las autoridades garanticen una
adecuada atención y seguimiento de las denuncias, así como el castigo y la reparación del daño a las víctimas. Además, ha propuesto implementar medidas de protección policial en los perímetros de las instancias de entrega de recursos de programas oficiales y realizar campañas de información y prevención para evitar futuros incidentes.
Los afectados, quienes solo recibieron 500 pesos de los seis mil pesos que les correspondían por su pensión del Bienestar, han regresado a su comunidad en Puerto Lobos con una carga emocional y económica considerable. El caso ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar la seguridad y protección en los procedimientos de entrega de recursos a los beneficiarios de programas sociales.
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