¡LUZ VERDE A LA PORTACIÓN DE ARMAS EN CFE, SAT Y BANXICO! SHEINBAUM PROMULGA REFORMA HISTÓRICA

Ciudad de México.–

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y promulgó ayer una serie de reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, marcando un giro significativo en la política de portación y control de armamento en el país. Entre las novedades más destacadas, se autoriza a personal de organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) a portar armas de fuego, siempre que acrediten su necesidad y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Esta medida, según autoridades federales, busca reforzar la seguridad institucional en sectores estratégicos. El nuevo marco legal también amplía el catálogo de armas permitidas para ciudadanos, aunque bajo una supervisión más estricta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ahora centraliza el control absoluto de todas las armas del país mediante un Registro Federal de Armas de Fuego.

Además, la reforma obliga a ejidatarios y comuneros a acreditar su condición legal para portar armas, prohíbe expresamente la modificación de armas semiautomáticas a automáticas, y endurece las penas para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

Control reforzado y sanciones más severas

Entre los aspectos más duros del nuevo régimen legal, se contemplan penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes empleen o distribuyan armas de forma ilícita, y de siete a 30 años para quienes introduzcan aditamentos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas sin permiso de la Sedena.

También se restringe el uso de armamento por parte de militares en retiro o activo que deseen prestar servicios privados sin la autorización expresa de la Secretaría, y se prohíbe a empresas de seguridad privada el uso de armas cuyas licencias hayan sido canceladas.

Con estas reformas, el gobierno federal busca combatir el tráfico ilegal de armas, evitar su uso indebido y garantizar un marco legal más estricto y actualizado acorde con la realidad nacional.

El anuncio ha generado un intenso debate en círculos de seguridad, derechos civiles y organismos de derechos humanos, quienes piden vigilar la aplicación de estas medidas para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.