LA VIRALIZACIÓN DE VIDEOS DE SEGURIDAD: ¿UNA HERRAMIENTA CONTRA EL DELITO O UN RIESGO LEGAL?

En los últimos años, el aumento en el uso de cámaras de seguridad, tanto en espacios públicos como privados, ha cambiado la forma en que se documentan y comparten hechos delictivos. Las redes sociales, aplicaciones de mensajería y medios de comunicación han jugado un papel crucial en la rápida difusión de estos videos, que a menudo capturan asaltos, robos y otros delitos.

Aunque esta práctica tiene el objetivo de alertar a la sociedad y facilitar la identificación de delincuentes, también plantea interrogantes sobre las implicaciones éticas y legales de compartir este tipo de material audiovisual.

¿Es legal compartir un video de seguridad?

Expertos señalan que, en ciertos casos, la difusión de imágenes relacionadas con actos delictivos puede estar justificada. Según la Ley de Protección de Datos Personales en México, la publicación de estos videos es legal si responde a una situación de emergencia o interés público, como evidenciar un delito flagrante.

"El uso de videograbaciones en este contexto tiene una utilidad clara. No se puede alegar una violación legal en beneficio de quien está transgrediendo la ley", asegura el doctor Diego García, especialista en protección de datos personales de la Universidad Iberoamericana.

No obstante, existen riesgos. La difusión de imágenes de presuntos delincuentes antes de una sentencia condenatoria podría vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la protección de datos personales. Además, compartir grabaciones de situaciones privadas —como una discusión entre vecinos o un altercado vial captado por cámaras particulares— podría ser considerado una invasión a la privacidad, incluso sin intención de causar daño.

Consecuencias legales de viralizar videos

Aunque publicar un video que documenta un delito no siempre resulta en responsabilidad penal, hay riesgos cuando las imágenes incluyen actividades que no están vinculadas con un acto delictivo. La ley mexicana establece que el uso indebido de imágenes personales puede derivar en sanciones económicas y penas de hasta cinco años de prisión.

En este sentido, es crucial analizar el contexto y la intención antes de publicar un video. Mientras que en casos de interés público la difusión puede justificarse, hacerlo sin consentimiento o en circunstancias privadas puede acarrear graves repercusiones legales.

Un dilema ético y legal

La viralización de videos de seguridad refleja una tensión entre el deseo de combatir el delito y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien estas grabaciones pueden ser herramientas valiosas para la justicia, deben manejarse con responsabilidad para evitar violaciones a la privacidad y a la presunción de inocencia.

En un entorno donde la tecnología avanza rápidamente, la sociedad y las autoridades enfrentan el desafío de equilibrar la seguridad pública con el respeto a las garantías individuales.