ENTRA EN FUNCIÓN EL REGISTRO NACIONAL DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

A partir ayer lunes surge el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias luego de que el Congreso aprobará en marzo cambios en la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes.

En este registro aparecerán los nombres de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, quienes por ley no podrán salir del país hasta que cumplan con sus funciones alimentarias.

El decreto se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, puntualizando que las modificaciones tienen por objetivo: “Dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

“Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones”, detalla el decreto.

Contará con lista negra

Autoridades mencionaron que el registro tendrá que estar actualizado mes con mes y contará con una lista negra, es decir, los nombres de los deudores con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El registro contempla tener monitoreado a los deudores alimentarios, por lo que deberán actualizar a las autoridades cada 15 días si han cambiado de empleo, los ingresos que percibe, el puesto que desempeña y su ubicación para que se actualice la base de datos y se pueda generar la pensión correspondiente.

Otro término para que se encuentren en la lista negra, es que no podrán salir del país.

“Ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puede salir del país”, además de que deberán “suministrar los datos exactos que le solicite el juez o la autoridad responsable del fuero local; de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos por el artículo 157 de esta Ley y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por las omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales”.

Todo esto debido al gran número de personas evadiendo responsabilidades alimentarias, así lo confirman grupos feministas que desde hace algún tiempo se manifestaban para que este decreto se hiciera realidad.