ENDURECEN MEDIDAS CONTRA MENORES POR DELITOS GRAVES Y REFUERZAN PROTECCIÓN SOCIAL EN SONORA

Hermosillo, Sonora.–

Una iniciativa impulsada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encendió el debate en el Congreso del Estado al proponer prisión preventiva oficiosa para menores de edad, a partir de los 12 años, acusados de homicidio doloso, así como sanciones que podrían alcanzar hasta 10 años de internamiento.

Durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado de Sonora, los diputados Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Fernanda Sánchez Chiu presentaron la propuesta de reforma al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual busca endurecer las medidas cautelares en casos de delitos graves cometidos por menores.

La iniciativa plantea que adolescentes acusados de homicidio doloso enfrenten automáticamente prisión preventiva, una medida que actualmente no se aplica de forma oficiosa en este rango de edad. Además, contempla ampliar las sanciones privativas de la libertad hasta una década, lo que representa un cambio significativo en el enfoque del sistema juvenil.

En la misma jornada legislativa, el Congreso aprobó una serie de decretos orientados a fortalecer la protección social en la entidad. Entre ellos, destaca el reconocimiento de la enfermedad celíaca como un asunto de interés público dentro de la Ley de Salud estatal, lo que permitirá una mayor atención institucional y políticas enfocadas en quienes padecen esta condición.

Asimismo, se autorizó la incorporación de Sonora al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de garantizar que madres y padres cumplan con sus responsabilidades de manutención, reforzando así la protección de niñas, niños y adolescentes.

En materia de protección a sectores vulnerables, la diputada Alejandra López Noriega propuso tipificar como delito la cohabitación forzada de menores, estableciendo penas que podrían alcanzar hasta los 15 años de prisión, una medida que busca combatir prácticas que vulneran gravemente los derechos de la infancia.

Por otro lado, en temas de seguridad, el Congreso emitió un exhorto a los 72 ayuntamientos del estado para transparentar la operación de sus unidades policiales de género. También se aprobaron reformas destinadas a agilizar la administración de bienes decomisados, con el fin de reducir costos, eliminar trabas burocráticas y aprovechar de manera más eficiente estos recursos.

Las iniciativas y reformas discutidas reflejan una agenda legislativa enfocada tanto en el endurecimiento de medidas de seguridad como en el fortalecimiento de políticas públicas de protección social en Sonora.