EN AUMENTO LAS INVASIONES DE VIVIENDAS ABANDONADAS EN SONORA; BUSCAN SOLUCIONES LEGALES Y SOCIALES

Hermosillo, Sonora.-

La problemática de la invasión de viviendas en Sonora continúa en ascenso, impulsada principalmente por el creciente número de casas que se encuentran en estado de abandono. Aunque no se cuenta con una cifra oficial exacta, autoridades estatales reconocen que el fenómeno se ha vuelto cada vez más común en diversos municipios.

De acuerdo con el diputado local Norberto Barraza Almazán, se estima que existen alrededor de 40 mil viviendas abandonadas en todo el estado. Esta situación lo llevó a presentar una iniciativa para reformar la Ley de Notariado del Estado de Sonora, con el fin de incluir la figura del Testamento Público Simplificado al momento de realizar escrituras de propiedad.

Barraza Almazán destacó que solo el 8% de la población en Sonora cuenta con un testamento, lo que significa que muchas propiedades quedan sin herederos definidos tras el fallecimiento de sus propietarios. Este vacío legal facilita que terceros se apropien ilegalmente de los inmuebles, sin seguir el debido proceso.

En el caso específico de Hermosillo, se calcula que hay alrededor de cinco mil viviendas abandonadas, aunque tanto el gobierno municipal como el estatal han emprendido acciones para recuperar algunas de ellas y darles un nuevo uso.

A nivel estatal, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) ha puesto en marcha un programa de recuperación de al menos 2 mil casas del Infonavit, las cuales, tras ser rehabilitadas, serán vendidas a grupos vulnerables a precios accesibles. Los municipios donde se concentran estos esfuerzos son Hermosillo, Nogales, Navojoa y Cajeme, con la intención de asignar paquetes de viviendas cada año.

Sanciones por invasión de propiedades

Desde 2017, el Código Penal del Estado de Sonora contempla sanciones más severas para quienes invadan inmuebles. Cualquier persona que se apropie de una vivienda, habitada o no, utilizando engaños o cualquier tipo de artimaña, puede enfrentar penas de dos a diez años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 100 y 150 Unidades de Medida y Actualización (Umas).

Con estas acciones legales y programas de vivienda social, las autoridades buscan frenar el aumento de invasiones, garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger el patrimonio familiar de miles de sonorenses.