DEUDORES ALIMENTARIOS: LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA REFORMA "LEY SABINA"

Hermosillo, Sonora.-

En el último año las demandas por la falta de pago en pensiones alimenticias para niñas, niños y adolescentes incrementaron hasta un 33% en Sonora, alertó Gabriela Herrera, abogada de Jurídicas Feministas A.C.

A nivel estatal, cada vez son más las personas que buscan iniciar un proceso legal para brindar certeza alimentaria a sus hijos cuando uno de sus padres no contribuye en su desarrollo, por lo que recurren a las denuncias contra deudores alimentarios.

De acuerdo a datos del Poder Judicial del Estado, en 2022 se registraron 23 mil 842 demandas familiares, mientras que mil 719 fueron juicios orales por pensión alimentaria.

Después de los divorcios incausados, divorcios voluntarios, juicios intestamentarios y jurisdicción voluntaria, los juicios orales de alimentos son los más registrados en el Estado con 7.2%.

Pese a que en Sonora el Congreso del Estado aprobó realizar un padrón de deudores alimentarios en 2018, el pasado 22 de marzo el Senado de la República avaló una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Se trata de un padrón de personas a las que se les impedirá salir del país, buscar un cargo de elección popular o hasta casarse, al menos de que cumplan con sus responsabilidades económicas.

La reforma lleva el nombre de “Ley Sabina” y, desde un inicio, la impulsó una mujer oaxaqueña llamada Diana Luz Vásquez Ruiz, madre de la niña Sabina, quién era víctima de la irresponsabilidad económica de parte de su padre.

Gracias a la lucha de miles de mujeres, después de algunos años, se logró obligar a los deudores alimentarios para que se hagan cargo de sus responsabilidades como padres y atiendan las necesidades de supervivencia y sustento de sus hijos.

Detrás de esta nueva reforma que promete generar un cambio positivo en la población de madres solteras, niñas, niños y adolescentes, se encuentra el esfuerzo legal de mujeres en la lucha.

Para Gabriela Herrera, directora de Jurídicas Feministas A.C., organización que presta servicios a niñas y mujeres en Hermosillo, Sonora, esta aprobación de la Ley Sabina es un avance para el desarrollo social.

“Es duro, la verdad, cómo ha ido aumentando un 33% lo que tiene que ver con las demandas de pensión alimenticia o denuncias de incumplimiento de alimentos, por lo que me parecen muy buenos los puntos que coinciden también con la Ley 3 de 3 que nosotras presentamos en Sonora”, expresó.

La directora de Jurídicas Feministas resaltó que la Ley 3 de 3 señala que todo deudor de pensión alimenticia o que tenga algún tipo de denuncia no podrá ser servidor público.

“No es solamente cumplir con lo económico, sino que también es todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosocial, emocional y todos los cuidados, así como la responsabilidad escolar. Es mucho lo que rodea una responsabilidad paterna y ellos sólo lo reducen al recurso económico”, mencionó.