Hermosillo, Sonora.-
Representantes de los municipios ubicados a lo largo del Río Sonora y Bacanuchi han desmentido las afirmaciones de las autoridades federales y estatales sobre los avances en la remediación del derrame de contaminantes ocurrido en agosto de 2014. Según los pobladores, los informes oficiales que aseguran la efectividad de las medidas adoptadas son engañosos.
En un comunicado emitido por los Comités de Cuenca del Río Sonora, se cuestionaron las recientes declaraciones del gobierno federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes han informado sobre la instalación de varias plantas potabilizadoras de agua y la implementación de un plan de justicia ambiental.
Según el comunicado, las acciones que se han reportado no se corresponden con la realidad vivida por las comunidades afectadas.
El comunicado señala que las seis plantas potabilizadoras rehabilitadas en la administración anterior sólo han comenzado a operar parcialmente. Mientras que una planta empezó a funcionar en 2023, las demás entraron en operación a principios de 2024. Sin embargo, las plantas no han demostrado efectividad en la separación de metales pesados, ya que no se realizan análisis recurrentes de la calidad del agua.
Además, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de monitorear el agua de manera permanente, y el presupuesto disponible para estas plantas solo alcanza hasta junio de 2025.
En cuanto al Plan de Justicia Ambiental, los activistas locales informaron que, aunque existe en teoría, no ha sido presentado a las comunidades afectadas. Las declaraciones oficiales se basan en análisis, pero carecen de propuestas y acciones concretas que se hayan llevado a cabo.
La preocupación principal de los habitantes es la salud, un tema en el que también se han registrado deficiencias. No existe un plan concreto para atender a las personas afectadas por el derrame, y no se han implementado esquemas de prevención ni atención especializada en toxicología. Los estudios realizados a los ciudadanos no han recibido seguimiento adecuado, y el IMSS-Bienestar ha sido relegado de la responsabilidad de encabezar los trabajos de salud especializada en esta área.
Además, se ha criticado la falta de infraestructura y mecanismos específicos para asegurar el suministro de agua potable libre de metales pesados en las 24 comunidades afectadas. Tanto un juez federal como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han catalogado la situación como urgente, pero las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes.
"Las comunidades afectadas continuaremos exigiendo acciones concretas y el respeto a nuestro derecho a participar en los procesos de justicia. Nuestro derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano no es negociable. Seguiremos luchando hasta que se haga justicia para el Río Sonora", concluye el comunicado.
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