CORTE NIEGA A INEGI ALZA EN SALARIOS


Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de aumentar los salarios de su personal por encima de los que ganaban en 2018, y que siguen siendo mayores a los 1.7 millones de pesos netos anuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.


Juan Luis González Alcántara concedió el 13 de diciembre al Inegi una suspensión para no someterse al tope salarial que la Cámara de Diputados pretende imponerle por medio del Presupuesto de Egresos para 2022, mismo que se basa en el ingreso actual del titular del Ejecutivo.


Sin embargo, el ministro rechazó que pueda haber aumentos sobre los salarios que el Inegi paga desde 2019, año cuando comenzó a defenderse ante la SCJN del recorte del 50% que López Obrador aplicó a su ingreso.


Ajuste

El Inegi había pedido que se le permitiera ajustar los salarios de acuerdo con la inflación, que desde enero de 2019 ha sido de 13.3%, con la intención de recuperar poder adquisitivo de los empleados.


“No es factible otorgar la suspensión para el efecto de que se hagan los cálculos del incremento porcentual de las remuneraciones atendiendo al factor inflacionario, ya que esto no sólo implicaría alterar las cantidades aprobadas para el gasto público en favor de determinado órgano, sino la desarticulación de todo el sistema presupuestal, lo que va contra el interés público”, resolvió el ministro.


El presidente del Inegi gana 149 mil pesos netos mensuales, mientras que los vicepresidentes perciben 143 mil pesos netos, a los que hay que sumar prestaciones que se pagan anual o cada semestre.


López Obrador gana 112 mil pesos netos mensuales, monto que superan al menos 13 directores y coordinadores generales del Inegi.

La Corte ha concedido, desde 2019, suspensiones para mantener salarios de 2018 al Inegi, así como al Banco de México (Banxico), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los Institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Nacional Electoral (INE), pero ésta es la primera vez que rechaza autorizar un aumento.


Durante 2021, estos órganos han tenido que promover dos distintas series de controversias.

La primera, contra la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo, que sólo permite a juzgadores federales y locales y consejeros del INE ganar más que el Presidente, y la segunda, para impugnar los salarios previstos en el PEF de 2022.


Si bien la Corte lleva tres años otorgando estas suspensiones, el Pleno nunca ha resuelto el fondo de la disputa, es decir, si reducir salarios a estos órganos viola su autonomía Constitucional.


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