COLECTIVOS IMPULSAN DEBATE RUMBO A LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN SONORA

Hermosillo, Sonora.-

La tarde de este martes se llevó a cabo el foro “Decidir es un derecho rumbo a la despenalización del aborto en Sonora”, organizado por colectivos de mujeres que promueven cambios en la legislación estatal para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

El encuentro reunió a activistas y diputadas locales con el objetivo de analizar el panorama jurídico en la entidad y abrir un espacio de diálogo sobre la necesidad de armonizar las leyes estatales con los criterios establecidos a nivel nacional.

Bianca Valverde, integrante de la colectiva Marea Verde Nogales, explicó que la iniciativa surge ante la urgencia de generar información clara y combatir el temor y el estigma que aún rodean la palabra aborto.

Indicó que el foro permitió compartir elementos técnicos y jurídicos con legisladoras interesadas en impulsar reformas que atiendan el rezago en la materia. “La despenalización es solo una parte del acceso integral a los derechos sexuales y reproductivos, pero es un punto de partida indispensable”, subrayó.

Valverde recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, decisión que ha impulsado cambios legislativos en diversas entidades del país.

No obstante, señaló que Sonora continúa entre los estados que no han armonizado su marco legal, junto con Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, pese a que el máximo tribunal ya fijó un criterio obligatorio.

La activista advirtió que esta falta de actualización normativa ha tenido consecuencias, como la apertura de carpetas de investigación contra mujeres que interrumpieron su embarazo. Hasta septiembre de 2025, dijo, se tenía registro de al menos seis investigaciones abiertas en la entidad.

Añadió que casos recientes que han generado conmoción pública, como hallazgos de fetos o detenciones de mujeres, evidencian un problema estructural derivado del vacío legal, el cual empuja a la clandestinidad y aumenta los riesgos para la salud y la vida de quienes deciden abortar.

Asimismo, enfatizó que la penalización no impide que los abortos ocurran, sino que los vuelve inseguros, afectando principalmente a mujeres jóvenes, en situación de pobreza, rurales o indígenas, quienes enfrentan mayores barreras de acceso a servicios de salud en un estado con amplias zonas dispersas como Sonora.

Finalmente, sostuvo que hablar de despenalización implica también impulsar políticas públicas integrales que incluyan educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, atención médica segura antes y después del procedimiento, y la aplicación de métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reducir riesgos y garantizar el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.