CIERRAN DEFINITIVAMENTE INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO EN CASO DE DESPOJO MASIVO DE VIVIENDAS DEL INFONAVIT

Ciudad de México.–

A cinco años de haber iniciado la investigación por el presunto despojo de más de 60 mil viviendas de cartera vencida del Infonavit, valuado en 2 mil 257 millones de pesos, un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México resolvió de manera definitiva el cierre del caso por falta de pruebas.

La indagatoria, que involucraba a cuatro despachos jurídicos y seis abogados, fue archivada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) desde el 25 de noviembre de 2022. Esta decisión fue impugnada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin embargo, el tribunal negó el amparo solicitado.

De acuerdo con los magistrados, el Infonavit no tenía legitimidad para presentar el recurso legal, ya que no fue reconocido formalmente como víctima dentro del proceso penal. Precisaron que fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la instancia que presentó la denuncia original, y además señalaron que el delito de lavado de dinero, conforme a la legislación vigente, no contempla una víctima directa, por lo que el Instituto no podía asumir esa calidad jurídica.

El caso se originó tras revelaciones en 2018 que apuntaban a la utilización de demandas civiles presuntamente fraudulentas en el estado de Nayarit, por parte de despachos contratados por el Infonavit entre 2013 y 2018, con las cuales se habría despojado a derechohabientes de miles de viviendas en situación de cartera vencida.

El cierre definitivo del expediente beneficia a los abogados Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán. También a los despachos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C.

Cabe destacar que uno de los señalados, Hugo Gerardo Rosales Badillo, cuenta con antecedentes por haber estado prófugo en un caso distinto: la supuesta compraventa simulada de azúcar que provocó un quebranto de 142 millones de pesos a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Posteriormente, el abogado negoció su situación legal y colaboró con la FGR en la investigación del fraude.

Con esta resolución judicial, el expediente queda cerrado en forma definitiva, marcando el fin de una de las investigaciones más polémicas sobre presunta corrupción en la recuperación de cartera vencida del Infonavit.