Senadores del Partido del Trabajo (PT) propusieron una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) subsidie la mitad del costo del recibo de luz a adultos mayores, personas con discapacidad, personas en extrema pobreza y madres solteras.
La iniciativa
La propuesta, presentada por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, y el senador Joel Padilla Peña, busca reformar el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano fundamental.
La problemática
La iniciativa surge ante la realidad de que más de un millón de personas en México no tienen acceso a la energía eléctrica, principalmente en estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. Esta situación, derivada de la falta de infraestructura y las condiciones de pobreza extrema, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de estas personas, quienes no pueden conservar alimentos, acceder a información, realizar actividades vespertinas o tener momentos de recreación.
La justificación
Los senadores del PT fundamentan su propuesta en la existencia de más de 20 millones de personas con discapacidad y 18 millones de adultos mayores en el país. Además, señalan que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existe una desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pues mientras los hombres ganan en promedio 9 mil 762 pesos mensuales, las mujeres solo perciben 6 mil 360 pesos.
La propuesta se encuentra actualmente en revisión en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Se espera que en las próximas semanas sea aprobada y enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Reacciones
La iniciativa ha sido recibida con beneplácito por diversos sectores de la sociedad civil, quienes consideran que es una medida necesaria para garantizar el acceso a un servicio básico como la energía eléctrica a los sectores más vulnerables de la población.
En caso de aprobarse, esta reforma representaría un avance importante en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en México.