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BUSCAN ELIMINACIÓN DEL FUERO EN SONORA PARA SERVIDORES PÚBLICOS 




Hermosillo, Sonora.-

 

El diputado local por Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, presentó la iniciativa que busca eliminar la figura del fuero para servidores públicos en la entidad, incluyendo gobernadores, magistrados y fiscales.

 

Durante la sesión de este miércoles, durante la exposición de motivos, el legislador hizo hincapié en que ningún servidor público en Sonora debería gozar de inmunidad legal.

 

Argumentó que todos deben estar sujetos al mismo escrutinio de la ley en caso de sospecha o investigación por posibles delitos.

 

De Lucas Hopkins explicó que el proceso para eliminar el fuero en Sonora implica solicitar la acción al Congreso local y seguir una ruta jurídica que incluya la presentación de pruebas ante las comisiones dictaminadoras pertinentes.

 

Manifestó que el procedimiento de desafuero es llevado a cabo por los miembros del Congreso del Estado de Sonora, quienes tienen la facultad de desaforar a un servidor público.

 

Cabe mencionar que la propuesta del diputado busca armonizar la Ley de Responsabilidades con lo establecido en el Artículo 146 de la Constitución local, el cual fue reformado en 2018 para establecer que ningún servidor público tendrá fuero, inmunidad legal o procesal que otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas.

 



Dijo que actualmente, la ley en vigor aún contempla diversas disposiciones que regulan el procedimiento para el desafuero, por lo que la reforma propuesta derogaría varios artículos del ordenamiento.

 

Esto con el objetivo de proporcionar un marco normativo que brinde certeza jurídica a los jueces penales encargados de conocer sobre posibles delitos cometidos por servidores públicos.

 

Dicha iniciativa plantea reformar y derogar disposiciones de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, con el objeto de armonizarla a lo establecido en el Artículo 146 de la Constitución local, que prohíbe otorgar fuero, inmunidad legal o procesal a personas servidoras públicas, y así contar con un marco jurídico homologado.

 

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio en un Parlamento Abierto.

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