AFECTADOS DEL RÍO SONORA EXIGEN ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA; NO PUEDEN ESPERAR OTROS DOS AÑOS

Hermosillo, Sonora.-

A casi 12 años del derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, integrantes de los Comités de Cuenca solicitaron a autoridades de IMSS-Bienestar la implementación inmediata de un protocolo de atención médica para personas con presencia de metales pesados en su organismo, al considerar que las comunidades afectadas no pueden esperar más tiempo para recibir tratamiento especializado.

La petición fue planteada durante una reunión con funcionarios de IMSS-Bienestar, convocada tras una publicación de la coordinadora estatal del organismo, Gabriela Nucamendi, en la que informó sobre los avances del hospital que será construido en el municipio de Ures.

Ismael Limón, representante de la zona rural de Hermosillo y acompañante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, explicó que durante el encuentro las autoridades informaron que la construcción del nuevo hospital iniciará en los próximos días.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de los asistentes fue la reducción en la capacidad del proyecto, ya que inicialmente se había anunciado un hospital de 60 camas, mientras que ahora la primera etapa contempla únicamente 14 camas.

"Nos explicaron que el proyecto será en dos fases. En la primera se construirá el hospital con 14 camas y posteriormente se ampliará el área de hospitalización, pero sí cuestionamos por qué se redujo el número de camas respecto al anuncio inicial", señaló Limón.

Aunque reconocieron como positiva la construcción del hospital, los representantes de las comunidades afectadas insistieron en que la obra tardará alrededor de 273 días naturales, además del tiempo necesario para equiparla y contratar personal especializado, proceso que podría extenderse por más de dos años.

Ante este panorama, solicitaron que mientras concluye el proyecto se establezca un protocolo específico para atender a quienes presentan contaminación por metales pesados.

"Lo que les dijimos es que entre tanto vayan atendiendo a las personas, que se haga un padrón de personas afectadas y un protocolo para atenderlas, porque no pueden esperar dos años más", expresó.

Limón explicó que actualmente uno de los principales problemas es la falta de lineamientos médicos para estos casos, lo que provoca que pacientes con estudios que detectan metales pesados en sangre u orina acudan a hospitales sin recibir un tratamiento adecuado.

"Hay compañeros que llegan con resultados de laboratorio donde aparecen metales en su organismo y los médicos no saben qué hacer. Después de 12 años seguimos sin un protocolo y sin personal capacitado para atender estos casos", afirmó.

Además de la atención médica, los Comités de Cuenca solicitaron la integración de un padrón actualizado de personas afectadas, ya que, pese a diversos estudios realizados en los últimos años, no existe una base de datos consolidada que permita conocer el número de habitantes con contaminación por metales pesados.

Los representantes también señalaron que continúan a la espera de los resultados de los estudios recientes realizados en el Río Sonora para conocer los niveles actuales de contaminación y definir las acciones de remediación ambiental.

Finalmente, Ismael Limón cuestionó que los recursos destinados a la remediación del daño ambiental y a la construcción del nuevo hospital provengan del erario público, al considerar que la responsabilidad corresponde a Grupo México, empresa involucrada en el derrame ocurrido en agosto de 2014. Asimismo, pidió transparencia sobre los acuerdos establecidos entre la Federación y la compañía minera, al señalar que las comunidades afectadas tienen derecho a conocer los compromisos asumidos para la reparación del daño.