
A seis años de la implementación de la controvertida política migratoria de “tolerancia cero” durante la administración de Donald Trump, más de 1,360 niños aún no han logrado reunirse con sus padres, según un informe divulgado por Human Rights Watch (HRW), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Yale.
El reporte señala que esta cifra representa casi un tercio de los menores afectados por una de las políticas más drásticas en la historia migratoria reciente de Estados Unidos.
Además, critica la "ausencia de responsabilidad" por parte de las autoridades involucradas y denuncia la falta de sanciones contra quienes diseñaron e implementaron las separaciones familiares.
Separación forzada y tortura
Los autores del informe comparan las separaciones forzadas con desapariciones forzadas, dado que en muchos casos los padres no obtuvieron información sobre el paradero de sus hijos durante años. Las organizaciones califican estas acciones como "tortura deliberada", señalando que la política fue diseñada para infligir dolor con fines disuasorios a las familias migrantes que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos.
El reporte también expone casos de crueldad premeditada, donde empleados federales ejecutaron las separaciones pese a la existencia de políticas o recomendaciones que alentaban la reunificación.

"Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias", expresó Michael García Bochenek, asesor principal de la división de derechos infantiles de Human Rights Watch.
Medidas y falta de rendición de cuentas
El documento reconoce que el gobierno actual de Joe Biden ha implementado "acciones significativas" para mitigar el daño, como la emisión de permisos temporales para los padres afectados y el acceso a servicios de salud mental para las familias. Sin embargo, aún no se han establecido mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los responsables de la política, una omisión que preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Otro aspecto alarmante del informe es la posibilidad de que figuras clave en la implementación de la política durante la gestión de Trump, como Thomas Homan y Stephen Miller, puedan ocupar cargos importantes en una futura administración, lo que podría perpetuar políticas similares.
Las organizaciones reiteran la necesidad de medidas de reparación y justicia para las familias afectadas, subrayando que, mientras estas acciones sigan sin sanciones, el daño permanece vigente.
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