7 DE CADA 10 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL NO ESTÁ CERTIFICADO NI PARA SER POLICÍA
- Roberto Quintero
- 6 jul 2022
- 2 Min. de lectura

El cuerpo militarizado de la Guardia Nacional no cuenta con personal propio, pues 8 de cada 10 personas que realizan labores para esta institución cobran en dependencias federales como la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese al poder adquisitivo que se le ha dotado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Además de los más de 118 mil elementos oficialmente adscritos a la Guardia Nacional, apenas 30% de ellos cuentan con el certificado legal que avala que completaron sus evaluaciones y que son aptos para ser policías. La gravedad de este asunto recae debido a que se ha hecho un despliegue de activos militares en todo el país con el aval del uso de la fuerza en caso de ser necesario y un presupuesto que se ha incrementado en esta administración.
De acuerdo con el Tercer Informe de la Guardia Nacional, 3 años de Definición Militarista, a cargo de la organización Causa en Común en conjunto de organizaciones civiles, se revela que la institución federal acumula una serie de irregularidades desde su nacimiento como violaciones a los derechos humanos, concentración de funciones, así como falta de regulación en los despliegues de fuerza que realiza en zonas con altos índices de violencia.
Alejandro Hope, analista de seguridad pública, afirmó que la Guardia Nacional es una ficción administrativa y una simulación, pues 80% del personal de la GN no labora en la institución, es decir, su fuerza de trabajo principalmente cobra en la Sedena y la Semar, cuando en ninguna otra parte del mundo ocurre esto en términos de seguridad nacional.
Todos los cuarteles de la GN han sido financiados por la Sedena, con predios donados, incluso los vehículos de la GN son debido a contratos hechos por la Sedena. Dado su indudable carácter militar la relación establecida en esta administración con las Fuerzas Armadas hará muy difícil la relación con el nuevo presidente, si es que éste pretende replantearla, afirmó Hope.
Mientras que la presidenta de la organización Causa en Común, Maria Elena Morera, detalló que la militarización en México por medio del gobierno de López Obrador es incompatible con un sistema democrático, por ello, urgió a cambiar la dirección, pues de lo contrario se corre el riesgo de que la cultura de la civilidad se pierda por completo en los próximos años y se opte por el uso de la fuerza de este sector en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía.
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