Diputada de MORENA propone esterilizar a mujeres que aborten

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QUINTANA ROO. Sonia López Cardiel, diputada de MORENA en Quintana Roo, impulsó la iniciativa de ley para esterilizar a las mujeres que decidan abortar por segunda ocasión.

Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO). Además, fue condenada por colectivos por el derecho a decidir en la entidad.

“Se trata de una medida punitiva y discriminatoria que refleja prejuicios y estereotipos de género, ya que se castigaría la mujer por abortar, y de manera específica, a las mujeres que viven vulneradas y empobrecidas, sin tomar en cuenta las distintas situaciones que viven las mujeres en las que el aborto se volvería una opción”, afirmó el organismo, al exhortar a la legisladora a reconsiderar su propuesta.

FOMENTA EL ODIO HACIA LAS MUJERES

“Su planteamiento es discriminatorio ya que fomenta el odio hacia las mujeres al criminalizarlas por su condición de embarazo no deseado”, aseveró, por separado, la Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes (RQDSRJ), en un pronunciamiento hecho público este lunes.

En el comunicado de la RQDSRJ se señala que la esterilización forzada es un crimen de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, del cual México es parte.

ORIGEN DE LA INICIATIVA

El 13 de marzo pasado, la legisladora presentó ante el pleno del Congreso local, una iniciativa para que estando en el supuesto de una circunstancia económica grave o justificada, la mujer que tenga la intención de someterse por segunda ocasión al aborto “no punible”, esté obligada a firmar -previamente- una carta de consentimiento informado para ser sometida a la aplicación de un método anticonceptivo definitivo.

“De no ocurrir lo anterior las instituciones de salud pública en el estado estarán obligadas a otorgar el servicio consistente en el aborto ‘no punible’ y, si la persona se sometiera al mismo, será sujeta a las sanciones establecidas”, se indica, lo cual implica que la mujer puede ser enviada a prisión de seis meses a dos años.

EN DOS SENTIDOS

Al respecto, la Comisión de los Derechos Humanos del estado consideró que la propuesta de la diputada es “discriminatoria”, en dos sentidos.

Uno de ellos, al restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a decidir cuántos hijos procrear y la elección de los métodos de planificación a usar.

En segundo lugar, el que las mujeres sean sometidas a un procedimiento permanente de anticoncepción bajo el argumento de la situación de pobreza que enfrenten, “es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada, pues condicionaría a mujeres que vivan en situación vulnerable, al acceso a un servicio de salud pública”, señaló el organismo.

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